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Categoría: Diario

Última actualización: 31 Marzo 2017

Hace unos días, el digital LíniaNord, publicaba una entrevista con los representantes de los diferentes grupos políticos de la oposición en el consistorio de Badalona, cuando nos encontramos próximos al ecuador del mandato. Todos ellos suspenden sin paliativos al actual gobierno municipal, por su incapacidad, incompetencia, laxitud, adormilamiento y actitud antidemocrática. 

No s’han desencallat els temes importants per a la ciutat, com per exemple el de Badalona Capaç. De fet, van arribar a oferir la Mobba com a alternativa i ara diuen que l’enderrocaran.

Quiero agradecer aquí la contundencia con que el representante de CiU, Pere Martínez Carreté se ha referido a nuestro contencioso con el gobierno municipal, cuando enfatiza que "no se han desatascado ninguno de los temas importantes para la ciudad, como es el caso de la Fundació Badalona Capaç; de hecho les ofrecieron la fábrica Mobba como alternativa y ahora dicen que la van a derribar..."

Hoy hace 657 días que esperamos que la señora alcaldesa tenga a bien llevar a pleno y votar la construcción del Nou Centre Ocupacional de la Fundació. Centenares de días de espera, de dilaciones y de engaños. Durante este período se nos ha dicho que sí y que no. El ofrecimiento de la Mobba que cita el sr. Martínez Carreté resulta especialmente sangrante, porque significa una falta de respeto intolerable para las personas discapacitadas y sus familias. La propuesta se presentó después de tres meses de espera, sin estudios técnicos, sin consideración ambiental alguna, sin ponderación presupuestaria ni estimación apropiada de la superficie a construir ni de las condiciones de movilidad y accesibilidad que requería una construcción de esta índole. Por no hablar del perjuicio patrimonial que significaba para la Fundació. Tras las recientes lluvias y ante el riesgo que representa esa construcción, los servicios técnicos parecen haber aconsejado su derrocamiento. 

Lo peor es que alardearon de haber trabajado con inusitada intensidad y dedicación, de haber renunciado incluso a los meses vacacionales para dar forma a semejante esperpento. El responsable de hacienda, Sr. Téllez, incluso presumió en un pleno de tener sobre el muro de su despacho cierto cartel en donde se reproducían una por una las requisitorias del proyecto, para mejor asegurar su cumplimiento. ¡No consiguió acertar ni una! Como no es posible tal incompetencia en un ser humano razonablemente instruido cabe deducir que nos mentían a conciencia y con la mayor de las alevosías. Era tanto y tan eficiente el trabajo realizado que en la segunda quincena de septiembre "se descubrió" que ni siquiera habían previsto que era preciso negociar con Madrid para tocar la MOBBA. 

Cuando han pasado solo unos meses, Pere Martínez hace bien en recordarnos la relevancia del detalle, la voluntad de derrocar alquel edificio que nos propusieron como excelsa alternativa y solución de nuestros males históricos —"Les propondremos algo a lo que no podrán renunciar", había dicho la alcaldesa, antes de hacer la oferta formal—. El Sr. Lladó, primer teniente de alcalde, escribió un artículo, memorable y falaz, defendiendo esa salida, después incluso de que la Fundació le hubiera manifestado su oposición con argumentos incontrovertibles. Con la perspectiva que dan estos meses de negociaciones, de titubeos, de mendacidades, la defensa de la opción MOBBA se revela como un claro ejemplo de cobardía ética por parte de quienes la promovieron. 

No es el caso de los detractores. Estos se apuntan y apuntarán a un bombardeo, con tal de conseguir sus propósitos, que consisten en alejar el centro ocupacional de la proximidad de sus viviendas y posponer la creación de un nuevo supermercado en la zona —esto último no lo lograrán, como no han conseguido evitar que se instale Lidle, Carrefour y otros—. De manera insólita se erigen en pedagogos, psicólogos, sociólogos y medioambientalistas, todo en uno, y deciden por las familias y por las personas discapacitadas en un caso escandaloso de usurpación de funciones y de legitimidades, secundados por la alcaldesa y sus amigos. Imponen sus intereses particulares y sus creencias personales. No nos toca pedirles cuentas. Se las pedirá su conciencia. Las cuentas las ha de rendir el gobierno y los políticos, porque a éstos les estamos pagando un sueldo con el objetivo de que asuman y defiendan los valores cívicos que nos habían prometido, tengan en cuenta su representatividad y respeten las reglas del juego democrático que les ha situado —provisionalmente siempre— en los puestos que ocupan. 

Otro día hablaremos de Montigalà.