La construcción del nuevo Centre Ocupacional de la Fundació Badalona Capaç lo ha convertido el gobierno de Badalona en el paradigma del fundamentalismo ideológico de nuestros tiempos. Dice el sociólogo Patrick Moynehan que "cada persona tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos". En el debate que ahora nos ocupa y desde sus orígenes, se embarullan hechos y opiniones y de manera intencionada se alienta ese efecto, mediante la propagación mediática de ideas tóxicas y haciendo oídos sordos a los argumentos de la Fundación. De este modo se consigue confundir al ciudadano y se evidencia algo a lo que desgraciadamente estamos acostumbrados y que parece constituir la esencia de nuestro devenir político-social: que un acuerdo operativo sobre la naturaleza de la realidad resulte en este pais tan imposible como encontrar posibilidades de colaboración para corregirla o mejorarla (Muñoz Molina).
Si no podemos ponernos de acuerdo sobre los hechos más elementales ¿cómo podremos alumbrar ideas y consenso acerca de su mejora?
Dice Hanna Arendt que "el aspecto probablemente más destacado, y también más terrible, de la huida [...] ante la realidad sea la actitud de tratar los hechos como si fueran meras opiniones". Que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión equivale, en no pocos casos, a admitir que todo el mundo tiene derecho a la propia ignorancia. Y lo malo del asunto es que mucha gente considera que esta especie de relativismo nihilista frente a los hechos es la esencia de la democracia. En el debate sobre la construcción del nuevo centro ocupacional de la Fundación Badalona Capaç se ignoran los hechos repetidamente y se hipertrofian las opiniones y los apriorismos ideológicos como si fueran éstos últimos verdades indiscutibles y generalmente admitidas, cuando lo único cierto es que responden al objetivo político de una minoría muy activa y gritona y también profesional y contundente en sus objetivos y en su métodos. Mi intención en este artículo es contrastar evidencias, focalizar la atención en los hechos, de modo que el lector perciba hasta qué punto, bajo pretexto de ecologismo, progresía y apoyo al comercio de proximidad, se está jugando con su conciencia y con su condición de ciudadano que vota.
Son muchos los hechos que se ignoran o se tergiversan y muchas las actuaciones deliberadamente engañosas. Nos centraremos en comentar ahora los primeros y dejaremos el "memorial del cinismo" para una ocasión posterior. No pretendo descubrir nada nuevo y todas estas ideas ya han aflorado con anterioridad, en mis escritos y en el de muchos otros intervinientes de buena fe, en los medios de comunicación. Lo que quiero ahora es llamar la atención sobre cómo se soslayan repetidamente las razones, cómo los discursos del gobierno y de sus mentores ideológicos se atienen al puro eslogan machacón y mediático, haciendo suyo, como tantas veces en la pugna de las ideas, el principio de orquestación que Goebbels subrayara hace tiempo: "Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad". Pero en este artículo me gustaría destacar otro principio propagandístico enunciado por la fuente citada: el de silenciación, que consiste en "acallar las noticias sobre las que no se tienen argumentos". A contrarrestar esa voluntad manifiesta y específicamente manipuladora me gustaría dedicarme en los próximos minutos. Y adelanto que no va dirigido este escrito a nuestros detractores, militen o no en la política. No hay salida al denominado "efecto contraproducente", un fenómeno psicológico conocido que empuja a reforzar las creencias originales y que hace invulnerables a ciertos sujetos, frente a los datos y a las razones. Presumo que saldrán reforzados, sea cual sea mi argumentación, porque sus posiciones obedecen a un esquema preconcebido y falaz de interpretación de la realidad y sus creencias —político-ideológicas, ambientalistas, económicas— responden a esos esquemas. La realidad, los hechos contantes y sonantes, no importan para ellos. Pero hay muchos otros lectores, vecinos o no de Badalona, abrumadoramente mayoritarios sin duda, que observan con estupor lo que viene sucediendo en la ciudad, que conservan intacta su capacidad de emocionarse por lo que realmente vale la pena, que son capaces de ver, de contrastar y de concluir, socrática, mayeúticamente, acerca de la verdad y de la mentira. A ellos me dirijo, con la esperanza de ayudarles a conocer mejor. Veamos los hechos a los que aludía:
El principio de silenciación consiste en acallar las noticias sobre las que no se tienen argumentos (Goebbels).
- La preservación del patrimonio de la fundación. Fue un hecho que señalamos expresamente a los representantes del gobierno municipal desde el mismo momento en que se nos comunicó la oferta de MOBBA como alternativa. Yo mismo insistí en ello ante el "regidor d'urbanisme", durante la "Ofrena Reivindicativa" que las familias, los usuarios y la Fundació Badalona Capaç celebramos en la Plana, con motivo de la Diada. Hemos insistido en numerosas ocasiones, en el mismo aspecto con posterioridad, ante la alcaldesa, ante el propio sr. Lladó y ante otros miembros del gobierno. Todo inútil. Continúan repitiendo su mantra de que "con la opción de cesión cruzada" la Fundació no pierde patrimonio. Incluso después de que, en la última reunión "técnica" del pasado día 17 de noviembre los servicios de patrimonio del propio ayuntamiento confirmaran la versión de la Fundació. ¿Verdad que no es lo mismo si tu patrimonio está cedido al ayuntamiento por 50 años que si dispones de un edificio escriturado a nombre de la Fundació Badalona Capaç y cuyo valor duplica al anterior? Todo el mundo entiende que el doble es algo distinto de la mitad. Todo el mundo, excepto el gobierno municipal de Badalona.
- El origen del patrimonio y la naturaleza de la Fundación. La Fundación es una entidad privada que realiza un servicio público. El patrimonio fundacional fue aportado, a partes iguales por el ayuntamiento, la Generalitat y la Fundació ONCE, en 1996. El edificio actual y único recurso patrimonial de la Fundació Badalona Capaç jamás ha sido propiedad del ayuntamiento, ni siquiera con carácter transicional. Todo ello está meridianamente documentado y ha sido repetidamente explicado. ¿Por qué se insiste en el carácter público de la fundación?
- Los servicios ciudadanos de proximidad. No se trata sólo del transporte, también de centres cívics, bibliotecas, etc. cuyas funciones e instalaciones pueden ser objeto de interacción inclusiva por parte de los usuarios de Cointegra. El ayuntamiento cita en relación con Montigalà servicios como un parque infantil adaptado y otras instalaciones de carácter profesional que poco o nada tienen que ver con las necesidades de las personas atendidas. E insistieron, asombrosamente, en ello en el último pleno extraordinario. ¿Cómo les resulta tan difícil de entender necesidades tan evidentes?
- El calendario de ejecución que conlleva una alternativa de cesión cruzada. ¿Por qué cifran en meses los plazos de tramitación, cuando su propia experiencia y la de todos los expertos les contradicen? Un procedimiento administrativo equiparable en plazos implicaría varias votaciones plenarias, determinación en la ejecución técnica, acaparamiento del tiempo y dedicación del personal técnico y de entidades ajenas al propio consistorio. Pero si llevan 18 meses de retraso para la aprobación del trámite actual; si han sido necesarias innumerables consultas y decisiones de carácter técnico; si, a pesar de haberse producido en junio pasado una decisión "inequívoca" y públicamente manifestada a favor de la propuesta de Morera, se retractaron de inmediato, tras el pronunciamiento asambleario de unos pocos; si el consenso político lo tienen en contra; si... ¿Cómo pueden garantizar que eso no volverá a producirse y a retrasarse cualesquiera de los proyectos alternativos, de manera accidental o intencional, por razones políticas, ideológicas, presupuestarias, técnicas o vaya usted a saber?
- La actitud vecinal. Siempre la han minimizado por lo que respecta a las alternativas que nos han venido ofreciendo. Confiaban en convencer a los vecinos ofreciendo suculentas prebendas o soluciones variopintas. Es curiosa la diferente naturaleza de la oposición vecinal en uno y otro caso. En Morera los residentes próximos a la zona pretenden preservar la exclusividad de sus vistas ecológicas y propagan bulos referentes a lo "peligrosas" que pueden llegar a ser las personas a las que se atendería. En Montigalà, los vecinos reclaman que se les construyan los servicios prometidos en el espacio reservado a ello, desde hace muchos años. Pero el ayuntamiento pretende convencer a estos últimos y ni tan solo ha intentado hacer entrar en "razón cívica" a los primeros. Es decir, torpemente quiere defender el bien común combatiendo a los que aportan razones y alentando o soslayando la sinrazón. A este respecto, permíteme que te remita a un artículo que hace semanas publiqué bajo el título "¿Cuál es el paisaje después de la batalla?".
- Ligado a la idea de la defensa del interés general, la clave del asunto es que no está nada claro cuál es el interés general. Y cuando algo así sucede solo hay dos formas de resolverlo: la imposición o el debate/votación. La actitud del gobierno resulta sumamente sorprendente e insólita. No hay poder que no intente justificarse en razón de la necesaria y apropiada gestión del bien común. Lo específico en nuestro caso es que el gobierno está en minoría y, a pesar de ello, quiere imponer su solución. Para conseguirlo se ofrece a dialogar y, al mismo tiempo, obstruye de manera sistemática (van 550 días) la presentación de este asunto a debate y votación en sesión plenaria ¿No es la representación política de los ciudadanos quién debería de decidir sobre los asuntos controvertidos? ¿No es esa la esencia de la democracia? Si el interés general estuviera tan claro, no harían falta los políticos. Nos ahorraríamos mucho gasto y no pocos disgustos. Pero el interés general es objeto de múltiples interpretaciones. Y los humanos no hemos sabido, hasta el momento, encontrar otra manera de resolver esa multiplicidad de enfoques. Parece una obviedad la necesidad del pleno, pero no lo es tanto si la ideología que inspira las decisiones políticas es unívoca y sectaria y quienes ostentan el poder se creen en posesión de la verdad absoluta.
- La cuestión medioambiental. Es uno de los aspectos más sangrantes y no entraremos a discutir aquí su fundamento, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Quiero centrar la atención sobre el hecho de que la construcción del Nou Centre en Morera no sólo no supone daño ambiental apreciable, sino todo lo contrario: resulta obvio que contribuirá a su mejora. Y a este respecto, me gustaría que se tuvieran en cuenta estas consideraciones:
- El interés mediambiental del Turó de l'Enric es sobrevenido y consecuencia de la intensa acción de los detractores del proyecto de la Fundació Badalona Capaç —incluimos al gobierno municipal entre ellos—. No obstante, los informes, pagados y buscados al efecto con recursos públicos, no han conseguido alumbrar una conclusión definitiva. Notesé que las conclusiones del informe —pagado al efecto, insisto, y reelaborado a petición del pagador— son, por lo que respecta a la flora, que "ninguno de los taxones autóctonos está amenazado, protegido o es muy raro en Cataluña"; por lo que respecta a los hábitats, "ninguno tiene un valor elevado en el índice IC de interés de conservación". Y termina diciendo que "es aventurado definir la función de este espacio dentro de una infraestructura verde de Badalona..."
- Recientemente, los defensores del Turó, han unificado el espacio de referencia en un conjunto teórico que incluye el ámbito adyacente del Torrent de la Font, seguramente para estar aún más en consonancia con el citado informe, elaborado a petición, por Barcelona Regional. Considerando el espacio conjunto, la superfie que ocuparía nuestro centro no sobrepasará el 2,7% del total. ¿Cómo puede sostenerse perjuicio alguno a los supuestos valores del medio cuando restaría intacto más de un 97% del espacio natural? Además la instalación iría acompañada de un proyecto de recuperación y mantenimiento que ha sido valorado y documentado de manera consistente. No hagamos referencia, porque la interlocución no parece mostrar sensibilidad al respecto, a los beneficios que para el centro ocupacional y los usuarios significaría la posibilidad de dedicarse, también a los trabajos de preservación de ese medio. Pero hemos de visualizar, desde una perspectiva responsable y objetiva, los dos platos de la balanza: el coste medioambiental irrisorio y el patente beneficio obtenido para las personas discapacitadas de la ciudad.
- El gobierno municipal aludió, en el último pleno extraordinario, precisamente a esa condición sobrevenida del valor ambiental del espacio. Señaló la fecha de diciembre del 2015 como el inicio de esa tipificación, jamás demostrada. Pero los hechos les desmienten una vez más. En marzo de 2016 se ampliaron, en Junta de Gobierno, los usos del espacio de La Cros. Era una actuación solo orientada a facilitar la permuta con Habitat, a fin de posibilitar la construcción en La Morera. En consonancia con esa actuación se produjeron las manifestaciones públicas protagonizadas por cuatro ediles municipales que divulgaron la decisión del consistorio en el sentido de apoyar de manera decidida el proyecto que se ubicaría en el Turó de l'Enric. La determinación de abortar el proceso se produjo unos días después, en una asamblea del partido que sustenta al gobierno. ¿Fue el hipotético interés mediambiental causa o efecto de la decisión de aquella asamblea minoritaria? Todo apunta a lo segundo.
- La compra del suelo privado del espacio del Turó de l'Enric, en el caso de que lograra una tipificación medioambienta adhoc, así como los trámites de recalificación consiguientes, exigirían, además de la voluntad del partido gobernante, disponibilidad presupuestaria adicional e ingente —¿3 millones de euros?—, y un consenso político que no se tiene y dificilmente se conseguirá durante este mandato. Basta reconsiderar la historia reciente de gobierno: un despropósito de decisiones y contradecisiones, de alternativas sin el debido fundamento, de manipulación y de propuestas de gastos socialmente contestados y políticamente inviables. ¿Cómo podrían ser aprobadas en un plenario que por mayoría y en más de una ocasión ha cuestionado las posiciones del gobierno en esta materia?
- Una cosa más se habría de resaltar: el hecho insólito de admitir alegaciones de los detractores sobre el asunto medioambiental, cuando el plazo de su presentación llevaba casi un año vencido y NO se han producido alteraciones sustanciales ni en el proyecto ni en la tipificación del terreno.
- Algunas cosas ha venido diciendo el gobierno sobre su intención de apoyar al comercio de proximidad de la ciudad. Pero nada ha hecho en los 18 meses de mandato. Bueno, hace unos días se firmó un convenio entre Badalona Comerç y Badalona Comunicació. Pero aparte de eso, no se conocen actuaciones a destacar. Desde luego no se ha impedido que se instalen innumerables centros adicionales de marcas diversas. Incluso hace muy pocas semanas ha comenzado a construirse un LIDL en las proximidades del Turó del l'Enric, sin que se hayan producido manifestaciones al respecto que impidan el "supuesto daño intrusivo y monopolista al comercio de proximidad". Es decir se apela al principio de que el ayuntamiento no puede ser proactivo con una instalación que afectaría al pequeño comercio sin sopesar dos circunstancias importantes: la primera que la contrapartida ciudadana es un equipamiento valiosísimo que satisface una necesidad perentoria y otorga a la Fundació Badalona Capaç un instrumento patrimonial extraordinario para el cumplimento de sus objetivos al servicio de la discapacidad; el segundo es que la cacareada afectación al comercio de proximidad está por demostrar. Los estudios avalan lo contrario: que los supermercados son competencia, básicamente, de los centros similares instalados en las proximidades; que son generadores netos de empleo; que dinamizan el comercio local de manera decidida —por eso se instalan, cada día más en las áreas comerciales y también en los mercados municipales, a petición incluso del pequeño comercio—; que esa dinamización va de la mano del incremento de la productividad y de la reducción de los precios; que el comercio de proximidad no sólo no reduce el número de locales, sino que suele incrementarlos del orden del 15%; que la calidad del empleo que generan es superior, en la mayoría de los casos (Mercadona, especialmente) al que genera el comercio de proximidad y el sueldo medio suele ser superior (en un 20%, según el Instituto Nacional de Estadística); que los consumidores lo prefieren porque cuidan la relación calidad/precio de manera destacada; que los clientes de esos supermercados suelen ser ciudadanos con un bajo nivel adquisitivo en buena parte... En consecuencia, no sólo es discutible el daño que supuestamente generará la instalación de estos dos centros comerciales, sino que hay evidencias en sentido contrario.
- La intención sobre la limitación de la autonomía de la Fundación Badalona Capaç es también una evidencia reglamentaria e intencional. Reglamentaria porque la ley atribuye al concesionario —el ayuntamiento que cede el suelo público— la posibilidad de rescindir la concesión y también la de establecer las garantías que se consideren necesarias. Ambas condiciones dejarían, por sí solas, a la Fundación en una situación desigual y sometida a los dictámenes que marcara el consistorio. Y no es el control financiero o de gestión el que nos preocupa —la administración tiene previsto, y viene ejerciendo, un control suficiente a través del Protectorado de fundaciones y dispone también de otros mecanismos ordinarios de salvaguarda—, lo que nos preocupa es la servidumbre partidista que necesariamente conllevaría. Y este, como decíamos hace un instante, no solo sería un condicionamiento jurídicamente ligado al mecanismo de cesión, ha sido también un objetivo intencional, expresado por los ideólogos del partido del gobierno, en escritos y manifestaciones públicas y en notoria contradicción con las declaraciones del Sr. Lladó en el último pleno, cuando dijo que "la intervención de la Fundación [Badalona Capaç] jamás ha estado sobre la mesa". Los cambios imprevisibles y arbitrarios que podría determinar la completa dependencia municipal, constiuirían un obstáculo para el desempeño de las tareas fundacionales con la necesaria profesionalidad y eficiencia. Ese tránsito gratuíto e innecesario de una situación de autonomía plena —en las condiciones que marca la ley vigente sobre fundaciones— a una situación de dependencia municipal, es una opción que no conviene ni a la ciudad ni a las personas con diversidad funcional.
- Un último apunte sobre la credibilidad, sobre el papel enmascarador y marrullero de las palabras y sobre el valor de la palabra dada por parte de algunos políticos, no todos afortunadamente. Muchas veces han defendido, representantes del gobierno, que no aceptarían una solución sin la aprobación de la Fundació y de las familias. Otras tantas han pregonado que, si no se llegaba a un acuerdo sobre las alternativas, la opción de Morera era defendible y estaban dispuestos a defenderla. La realidad les ha atropellado una vez más. Incluso se dieron un segundo plazo, el 25 de octubre, para llevar a pleno esta última opción. Hemos llegado a diciembre sin que hayan hecho nada de lo que prometieron. Continúan mareando la perdiz y lo seguirán haciendo sine díe, hasta que aceptemos alguna de sus pintorescas propuestas o hagamos dejación de nuestros derechos más elementales, por cansancio o por dignidad. El representante de ICV, en un alarde de funambulismo político, y seguramente con la ambigüedad calculada que le viene caracterizando, dijo que si no se encontraba otra alternativa mejor, apoyaría la opción propuesta por la Fundación. Pero al cabo de pocos meses recula: "es que ahora tenemos una solución mejor, que es Montigalà. Ergo..." Es decir: quién establece las condiciones es el mismo que determina si tales condiciones se cumplen. Se ha olvidado, curiosamente, de que había otra premisa fundamental: que las familias consideraran aceptable la opción que se ofreciera. Pero esa premisa, de improviso, ha dejado de contar para el Sr. Alex Mañas. Porque ya no satisface su malabarismo ideológico.
No cuentan los hechos, cuentan las construcciones mentales, los apriorismos ideológicos y los eslóganes propagandísticos.
¿Comprenden ustedes hasta qué punto han conseguido enmarañar la cuestión? No cuentan los hechos, cuentan las construcciones mentales, los apriorismos ideológicos y los eslóganes propagandísticos. ¿Por qué pide "diálogo, diálogo, diálogo", la señora alcaldesa, si jamás ha sido capaz de escucharnos? ¿Para seguir elucubrando, confundiendo, exasperando, soslayando los hechos? Hasta el momento no ha sido capaz de responder a ninguno de los interrogantes que hemos planteado. Están ustedes en el negocio de la salvación y quieren redimirnos, aún a pesar nuestro. ¿No son capaces de entender que otro enfoque es posible? Haga usted ver, señora alcaldesa, a los pocos comerciantes ahora activos, que su suerte no está ligada al inmovilismo productivo ni a la evitación de estos dos centros específicos; depende de otros muchos factores, incida en ellos. Hable con los ecologistas, en la mayoría militantes de su propio partido, para que visualicen una construcción sanitario-asistencial integrada en el ambiente y que es un bien para la ciudad, un servicio nada agresivo —¿podrían serlo las personas con discapacidad?—, reconocido, desde hace decenios, en el PGM y que ocupará una mínima fracción del espacio; un servicio que garantizará la preservación del medio y su aprovechamiento social. Y, finalmente, plántese ante los pocos residentes que se oponen, para que comprendan que una visión exclusivista en el uso y disfrute del entorno y una actitud diversofóbica están en contradicción con los valores cívicos que son propios de una sociedad del siglo XXI y con las virtudes ciudadanas que su partido parece propiciar. Haga todo eso señora alcaldesa y hágalo con la mitad de energía y recursos que ha empleado en combatir nuestra opción. Con toda seguridad, obtendrá resultados más tangibles y beneficiosos para el interés general que dice defender. Y las familias, los usuarios, la Fundació Badalona Capaç y la ciudad de Badalona le quedaremos agradecidos, porque los hechos que hemos analizado demuestran que no hay razón objetiva alguna para la confrontación y porque podrá dedicar un puñado más de millones de euros a solucionar problemas reales de su ciudad: construir pisos tutelados, ayudar al comercio de proximidad... Y recuerde: primero los hechos, luego las palabras.