En algún momento del pasado septiembre, y sin apenas haber tenido tiempo de estudiarlo, de realizar catas estructurales ni de presentar presupuesto o calendario, la opción MOBBA se cayó de la carpeta de alternativas. El Equipo de Gobierno municipal reconoció que se había hecho con precipitación y que presentaba dificultades insuperables, sobre todo en lo referente al calendario. En teoría continuaba vigente la opción de Morera, el gobierno nunca la descartó formalmente, porque consideraba que era una opción válida y "defendible", pero en la práctica no hemos observado desde el pasado verano el menor indicio de actuación por su parte a favor de esa opción. Todo lo contrario, en nuestra retina y en nuestros papeles permanece un detallado registro de actuaciones intencionadas y omisiones que colmarían un largo memorial de agravios, un memorial de la vergüenza, que en algún momento habremos de explicitar.
En nuestra retina y en nuestros papeles permanece un detallado registro de actuaciones intencionadas y omisiones que colmarían un largo memorial de agravios, un memorial de la vergüenza.
Jamás, desde que decidieron doblegarse a los dictámenes de la asamblea el pasado mes de junio, han creido en nuestro proyecto. La opción Morera la han utilizado como se utiliza la zanahoria en el horizonte visual de la acémila, presente pero virtual, siempre a la vista, pero siempre inalcanzable, tan lejos de nuestra mano como de la voluntad real del govern. Gira que te gira en torno a la nada, atizándonos con propuestas iguales y distintas, en tanto que el calendario avanza y se consumen las fuerzas y los plazos. La última de esas propuestas consistía en construir el Nou Centre Ocupacional en un solar del barrio de Montigalà, en la calle de La Ciència. El pasado día 7 de octubre, la alcaldesa convocó al Patronato de la Fundació para comunicárselo. Estaban presentes, además de ella misma, los regidores de urbanismo, hacienda y medio ambiente. No se nos facilitó documentación escrita, que quedó aplazada a la semana siguiente, y convinimos en mantener la máxima discrecionalidad para facilitar el trabajo de unos y la reflexión de los otros. Lo que acordamos fue exactamente eso: la necesidad de estudiar los datos que se nos facilitaran con la máxima celeridad y buena disposición. Cualquier otra interpretación entra dentro del arcano del sujeto. Nuestra actitud ha sido siempre la misma: ofrecednos datos equiparables a lo que ya tenemos y los estudiaremos con seriedad, que ya decidiremos, con autonomía y responsabilidad, de acuerdo con los intereses de las personas a las que representamos. Pero atentos siempre a las engañifas, a las dilaciones gratuítas en tanto se alienta a los detractores y se ponen más y más recursos a su alcance. La evidencia de esa actitud sería una deslealtad inadmisible, más aún teniendo en cuenta que el sujeto de esa deslealtad sería la administración pública y el objeto las personas con discapacidad intelectual. Desgraciadamente, no son pocas las evidencias de deslealtad que hemos tenido ocasión de acumular durante el proceso.
Desgraciadamente, no son pocas las evidencias de deslealtad que hemos tenido ocasión de acumular durante el proceso.
El caso es que las familias y el patronato nos vimos obligados a reflexionar, una vez más, en el vacío y con la mayor discreción, porque la documentación no llegaba. La prensa conoció algunos detalles de la propuesta y los públicó de inmediato; los vecinos del barrio también manifestaron, tras conocer la noticia, su intención de oponerse al proyecto, porque contravenía los acuerdos a que habían llegado con la administración sobre el uso de aquel espacio. Hasta nueve hojas arrancamos del calendario antes de que el sábado 17 de octubre se nos enviara un borrador de convenio. Se trataba de una declaración de intenciones, apresurada y brevísima y cuyas garantías de ejecución y calendario dependían enteramente de la voluntad y buena fe del gobierno municipal. La inversión declarada ascendería a los 5 millones de euros por lo que respecta a la edificación del centro ocupacional. Entre tanto se acercaba, inexorablemente, el 25 de octubre, la fecha de pleno siguiente, en el que se habría de someter a debate y votación una de las dos alternativas. ¡Llevábamos 4 meses sucesivos de aplazamientos; con éste iban a ser cinco! La Comissió de Famílies se reunió el lunes 19 y el jueves de esa misma semana se llevaron a cabo las asambleas de padres. Entretanto se requirió asesoría técnica sobre los asuntos más relevantes de la nueva propuesta (patrimonio, calendario, viabilidad...); en todos los casos los expertos fueron concluyentes: no hay color entre la propuesta de Morera y Montigalà, siempre a favor de la primera, la que hemos venido defendiendo desde hace cuatro o cinco años años. El Patronato de la Fundació redactó un borrador de resolución que respondiera de la manera más precisa a la alternativa de Montigalà y se leyó y comentó, detenidamente, en cada una de las asambleas de familias. Tan sólo hubo una opinión discordante acerca de uno de los aspectos del escrito, pero tampoco pudimos conocer su manifestación sobre el conjunto porque abandonó la asamblea antes de terminar la lectura.
Los expertos ha sido concluyentes: no hay color entre la propuesta de Morera y Montigalà, siempre a favor de la primera, la que hemos venido defendiendo desde hace cuatro o cinco años años.
Para informar de la marcha de la propuesta que ellos entendían aceptable y virtualmente aceptada, el gobierno tenía prevista una reunión con los grupos de la oposición al día siguiente, viernes 21. Con el fin evitar malentendidos y situaciones de compromiso que sería difícil retrotraer con posterioridad, el Patronato decidió enviar el comunicado con la resolución de la Fundació esa misma tarde del jueves. Obsérvese que indico las fechas para que pueda entenderse la urgencia de las decisiones. El acuerdo a que se había llegado en el pleno de septiembre era el de llevar al pleno de octubre la aprobación del proyecto de Morera, si la Fundació no aceptaba la nueva alternativa. Resultaba por tanto imperativo adoptar una resolución fundamentada y comunicarla de manera inequívoca, de modo que hubiera ocasión para que unos y otros pudieran asumir los compromisos adquiridos. Las compresión del calendario en modo alguno podía atribuirse a negligencia de la Fundació o de las familias. Era manifiestamente responsabilidad de la otra parte. De ahí la relevancia de explicitar las fechas.
Con los datos disponibles, la Fundació y las familias de las personas discapacitadas decidieron el rechazo incontestable de la alternativa que el ayuntamiento ofrecía en Montigalà ateniéndose a las siguientes razones:
- La fórmula de intercambio (patrimonial) empleada —cesión de uso administrativo por 50 años en suelo y edificio público municipal— supone para la Fundació una pérdida patrimonial importante, desde un punto de vista efectivo y también desde un punto de vista práctico, en relación con la propuesta de Morera —derecho de superficie por 99 años con propiedad plena de la Fundació—. Téngase en cuenta que el patrimonio de la Fundació es determinante para el cumplimiento de sus objetivos. Por eso se ha de considerar que el valor patrimonial de la finca de Juli Galvé Brussons (sede actual de Cointegra en los antiguos laboratorios de la fábrica Cros) se mantiene tanto en la propuesta de Montigalà como en la de Morera. En consecuencia, se produce un incremento patrimonial notable con el proyecto original de la Fundación que, en modo alguno, queda igualado por la propuesta del ayuntamiento. Del mantenimiento del valor patrimonial de la Fundació no sólo responden personalmente cada uno de los miembros del patronato, sino que es condición sine qua non para el mantenimiento y mejora de los servicios que presta a las personas con discapacidad intelectual. En consecuencia, la consolidación y mejora del patrimonio es garantía de servicio a las personas y por eso la Fundació no podrá aceptar nunca —así lo ha manifiestado explícitamente— una cesión de uso en suelo público cuando se le ofrece una opción (Morera) de propiedad plena y notablemente revalorizada: sería una traición flagrante y sumamente culposa hacia nuestros patrocinados.
- La contestación vecinal surgió prácticamente al hilo del conocimiento de la oferta. El espacio en donde el Ayuntamiento querría ubicar ahora el equipamiento de la Fundació es objeto desde el 2009 de diversas demandas vecinales que reclaman otro tipo de instalaciones. En modo alguno permitiremos otra campaña ciudadana, demagógica y difamatoria, contra la institución como la que tan injustamente se ha permitido y alentado, por acción u omisión, en los últimos meses. En un alarde alucinatorio característico de ese gobierno, nos han ido respondiendo, cada vez que se lo hacíamos notar, que el asunto lo tenían controlado, que todos los servicios podían encajar en el suelo disponible y que no habría contestación vecinal. Entre tanto, las objeciones públicas han ido creciendo y los vecinos se organizan, para hacer frente a la pretensión del ayuntamiento. Eso sí, todo el mundo proclama su "sensibilidad" por la causa de los discapacitados intelectuales, su voluntad de ayudar y de facilitar una salida al problema: el equipo de gobierno, los verdes, los comerciantes, los vecinos de la Morera, los vecinos de Montigalà, los vecinos de Bufalà... Pero todos nos quieren lejos y sin compromiso alguno para el estatus que consideran adquirido o por adquirir.
La Fundació Badalona Capaç no podrá aceptar nunca una cesión de uso en suelo público cuando ya tiene una opción (Morera) de propiedad plena y notablemente revalorizada: sería una traición flagrante y sumamente culposa hacia nuestros patrocinados.
- El oferente, ha traspasado todos los límites de la credibilidad. En consecuencia y a estas alturas es difícil que lo podamos aceptar como garante de una solución que ha de atravesar no pocos escollos de carácter político, administrativo y financiero. Las razones por las que este equipo de govern no nos ofrece credibilidad no son ni banales ni caprichosas:
- Cambió, de un día para otro —y sin más justificación que la opinión asamblearia no votada—, su posición con respecto al proyecto de Morera.
- Ha otorgado, con su silencio, verosimilitud a las intenciones de intervención y municipalización de la Fundació.
- Ha dado vuelos, también con su inhibición, a las acusaciones difamatorias e injustas.
- Ha solicitado informes negativos, innecesarios y claramente dilatorios, de caracter medioambiental y patrimonial, con el único efecto de obstaculizar el proyecto de la Fundació.
- Ha intentado engañar a los grupos políticos y a la ciudadanía con la invención de requerimientos pendientes al plan de movilidad del proyecto del Turó de l'Enric, cuando se encontró en la urgencia de cumplir su compromiso de llevarlo al pleno del pasado octubre.
- Ha intercambiado, de manera directa o interpuesta, información relevante y confidencial acerca de sus planes, con los detractores del proyecto del Turó, como demuestran los datos aparecidos, con carácter amenazante, en las redes sociales, mucho antes de que se publicaran oficialmente.
- Ha faltado a su palabra y a los compromisos adquiridos de manera flagrante: cuando en el mes de junio decidió plegarse a la obcecación ideológica de algunos de sus correligionarios y cuando bloqueó en octubre la inclusión de nuestro proyecto en el orden del día, sin razones objetivas, sabedores como eran de que estaban políticamente en minoría y perderían la votación.
- Mediante intentos individualizados de persuasión, ha intentado dividir a las familias y al Patronato.
- Lo último de lo último: cuando ya no queda nada, cuando no hay más argumentos, la amenaza de un contencioso judicial por parte de comerciantes y ecologistas. La judicialización como chantaje. ¿Verdad que nos suena a todos ese paradigma de perversión en la gestión pública?
- La ubicación de Montigalà perjudica a La Fundació, si se compara con la opción de Morera. Se precisa la proximidad de servicios que puedan ser objeto de interacción formativa u ocupacional y el beneficio de Morera es también patente a ese respecto. Porque no hay acceso a ningún Centre Cívic, Biblioteca o equipamiento público de interés para las personas que ocuparán Cointegra. También las posibilidades de transporte son inferiores en la alternativa ofrecida ahora.
- La inversión pública que se destinaría a la propuesta de Montigalà es cuantiosa, del orden de 5 M€, según apunta el borrador. No se mencionan otros costes derivados, como el que se referiría a la recalificación y adquisición del suelo privado del Turó de l'Enric, si realmente se quiere dar salida al pregonado, jamás reconocido oficialmente y nunca demostrado hasta el momento, valor natural de la zona. Pero incluso al margen de ese asunto, ¿cómo puede olvidarse que se hará una inversión cuantiosísima de recursos públicos para solucionar un problema que ya tiene financiación gratuita y que la Fundació ni ha pedido ni necesita? ¿Cómo justificar la desatención de otras muchas necesidades en un momento de efervescencia ciudadana —basta atender al noticiario de cada día— y de urgencia social? La animadversión de los ciudadanos y el agravio interiorizado, además de volcarse sobre el consistorio derrochador, se volcariá, inexcusablemente, sobre la Fundació, por haber transigido con semejante despropósito.
- La tramitación administrativa y el calendario que incluye el borrador de convenio es sencillamente inviable, de acuerdo con todas las fuentes técnicas consultadas. Desde luego sería bastante más largo que el proyecto ya iniciado, porque le lleva una amplia ventaja de al menos 9 meses, está en fase de anteproyecto, no tiene problemas de financiación y la aceleración de su acabamiento interesa a ambas partes. Siempre, eso sí, que el ayuntamiento ceje en su voluntad obstruccionista; notése que el equipo de gobierno ha convertido un mes de trámite en casi dieciocho meses de espera, de malestar y de conflictos. Pero ese argumento multiplicador inverso constituye una estrategia chantajista y uno jamás lo esperaría de la administración pública. Si la viabilidad del calendario que proponen lo fían a su credibilidad como gobierno, ya hemos dicho nuestra opinión, avalada por los hechos contrastados; si nos hablan de trámites que dependen de las actitudes de los grupos políticos, la situación del gobierno es, hoy por hoy, marcadamente minoritaria e inestable. Los grupos políticos de la oposición (PP, PSC, CIU, C's) sí que han dado muestras, hasta el momento, de coherencia y persistencia en sus postulados, con respecto al proyecto de la Fundació. No así el equipo de gobierno que ha cambiado de posición y que, como queda escrito, ha utilizado todas los recursos a su alcance, legítimos o no, para torpedear el proyecto. ¿Y aún nos piden confianza?
El equip de govern ha intentado engañar a los grupos políticos y a la ciudadanía con la invención de requerimientos pendientes al plan de movilidad del proyecto del Turó de l'Enric (Morera), cuando se encontró con la urgencia de cumplir su compromiso de llevarlo al pleno del pasado octubre.
- Repetiré un último argumento, ya utilizado para explicar nuestro rechazo a la alternativa anterior: La autonomía de la entidad quedaría dramáticamente comprometida. Según el artículo 61 del reglamento de patrimonio de los entes locales, el ayuntamiento puede rescindir la concesión si lo justifican las circunstancias sobrevenidas de interés público. El ayuntamiento también podrá inspeccionar en todo momento esos bienes, así como las instalaciones y construcciones. Además, el concesionario (ayuntamiento) ha de establecer garantías suficientes para asegurar el buen uso de los bienes e instalaciones. ¿Sabéis lo que eso significa? Significa que la fundación estaría sometida a todo tipo de injerencias político-ideológicas del gobierno de turno, que difícilmente podría trabajar con un horizonte de largo o medio plazo, que se materializaría de manera efectiva la amenaza de intervención que tan jactanciosamente lanzó la Asamblea de Guanyem el pasado día 28 de septiembre. Ojo, esa hipotética injerencia no duraría los tres años de mandato que restan al actual gobierno: ¡Se extendería a los próximos 50 años, mande quien mande!
Hay algunas razones más, que se detallan en el comunicado librado en su momento, pero he preferido subrayar las que considero más importantes. ¿No os parece cínico andar pregonando su preocupación por el bien de la Fundación y de los discapacitados al tiempo que actúa para dificultar el proyecto que defendemos? ¿Alguna vez han considerado, más alla de palabras y promesas, la opción de Morera? ¿La defenderían ahora mismo? Y sobre todo lo demás: ¿Quién es el intérprete legítimo de los intereses de las personas con discapacidad intelectual que atiende la Fundació Badalona Capaç? ¿Es el Equip de Govern? ¿Es la señora alcaldesa? ¿Son el grupo de activistas de Guanyem Badalona en Comú que se oponen a la construcción de este Mercadona —el resto de operadores e incluso el resto de ubicaciones del mismo operador parecen tener bula eclesiástica— y que constituyen el núcleo defensor de Salvem el Turó? ¿Será este mismo y mínimo grupo el que determine la inversión derrochadora, la conculcación de derechos individuales amparados por la ley y el daño irreparable para las personas con diversidad funcional, en una ciudad que ronda el cuarto de millón de habitantes?
Una vez más:
¿Quién es el intérprete legítimo de los intereses de las personas con discapacidad que ampara la Fundació?
¿Quién es el intérprete legítimo...?
¿Quién...?
The answer, my friend, is blowing in the wind!
The answer is blowing in the wind!